22 de septiembre
Beatos 233 mártires en
Valencia
(Mártires durante la persecución religiosa en España)
La II República
española, proclamada el 14 de abril de 1931, llegó impregnada de fuerte
anticlericalismo. Apenas un mes más tarde se produjeron incendios de templos en
Madrid, Valencia, Málaga y otras ciudades, sin que el Gobierno hiciera nada
para impedirlos y sin buscar a los responsables para juzgarles según la ley.
Los daño fueron inmensos, pero el Gobierno no los reparó ni material ni
moralmente, por lo que fue acusado de connivencia. La Iglesia había acatado a
la República no sólo con respeto sino también con espíritu de colaboración por
el bien de España. Estas fueron las instrucciones que el Papa Pío XI y los
obispos dieron a los católicos. Pero las leyes sectarias crecieron día por día.
En este contexto fue suprimida la Compañía de Jesús y expulsados los jesuitas.
Durante la revolución comunista de Asturias (octubre
de 1934) derramaron su sangre muchos sacerdotes y religiosos, entre ellos los
diez Mártires de Turón (9 Hermanos de las Escuelas Cristianas y un Pasionista,
canonizados el 21 de noviembre de 1999).
Durante el primer semestre de 1936, después del
triunfo del Frente Popular, formado por socialistas, comunistas y otros grupos
radicales, se produjeron atentados más graves, con nuevos incendios de templos,
derribos de cruces, expulsiones de párrocos, prohibición de entierros y
procesiones, etc., y amenazas de mayores violencias.
Éstas se desataron, con verdadero furor, después del
18 de julio de 1936. España volvió a ser tierra de mártires desde esa fecha
hasta el 1 de abril de 1939, pues en la zona republicana se desencadenó la
mayor persecución religiosa conocida en la historia desde los tiempos del
Imperio Romano, superior incluso a la Revolución Francesa.
Fue un trienio trágico y glorioso a la vez, el de 1936
a 1939, que debe ser fielmente recordado para que no se pierda la memoria
histórica.
Al finalizar la persecución, el número de mártires
ascendía a casi diez mil: 13 Obispos; 4.184 Sacerdotes diocesanos y
seminaristas, 2.365 Religiosos, 283 Religiosas y varios miles de seglares, de
ambos sexos, militantes de Acción Católica y de otras asociaciones apostólicas,
cuyo número definitivo todavía no es posible precisar.
El testimonio más elocuente de esta persecución lo dio
Manuel de Irujo, ministro del Gobierno republicano, que en una reunión del
mismo celebrada en Valencia -entonces capital de la República-, a principios de
1937, presentó el siguiente Memorándum:
«La situación de hecho de la Iglesia, a partir de
julio pasado, en todo el territorio leal, excepto el vasco, es la siguiente: a)
Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas excepciones,
han sido destruidos, los más con vilipendio. b) Todas las iglesias se han
cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamente suspendido. e) Una
gran parte de los templos, en Cataluña con carácter de normalidad, se
incendiaron. d) Los parques y organismos oficiales recibieron campanas,
cálices, custodias, candelabros y otros objetos de culto, los han fundido y aún
han aprovechado para la guerra o para fines industriales sus materiales. e) En
las iglesias han sido instalados depósitos de todas clases, mercados, garajes,
cuadras, cuarteles, refugios y otros modos de ocupación diversos. f) Todos los
conventos han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mismos.
Sus edificios, objetos de culto y bienes de todas clases fueron incendiados,
saqueados, ocupados y derruidos. g) Sacerdotes y religiosos han sido detenidos,
sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por miles, hechos que,
si bien amenguados, continúan aún, no tan sólo en la población rural, donde se
les ha dado caza y muerte de modo salvaje, sino en las poblaciones. Madrid y
Barcelona y las restantes grandes ciudades suman por cientos los presos en sus
cárceles sin otra causa conocida que su carácter de sacerdote o religioso. h)
Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención privada de imágenes y objetos de culto. La policía que practica registros domiciliarios, buceando en
el interior de las habitaciones, de vida íntima personal o familiar, destruye
con escarnio y violencia imágenes, estampas, libros religiosos y cuanto con el
culto se relaciona o lo recuerde ».
Y el cardenal arzobispo de Tarragona, Francisco Vidal
y Barraquer (1868-1943), que se hallaba refugiado en Italia y fue invitado por
el Gobierno republicano en 1938 para que regresara a su diócesis, dijo:
«¿Cómo puedo yo dignamente aceptar tal invitación,
cuando en las cárceles continúan sacerdotes y religiosos muy celosos y también
seglares detenidos y condenados, como me informan, por haber practicado actos
de su ministerio, o de caridad y beneficencia, sin haberse entrometido en lo
más mínimo en partidos políticos, de conformidad a las normas que les habían
dado?».
Y añadía: «Los fieles todos, y en particular los
sacerdotes y religiosos, saben perfectamente los asesinatos de que fueron
víctimas muchos de sus hermanos, los incendios y profanaciones de templos y
cosas sagradas, la incautación por el Estado de todos los bienes eclesiásticos
y no les consta que hasta el presente la Iglesia haya recibido de parte del
Gobierno reparación alguna, ni siquiera una excusa o protesta».
Sobre esta persecución son esenciales la obra de
Antonio MONTERO MORENO, Historia de la persecución religiosa en España.
1936-1939 (Madrid, BAC, 1960, reimpresa en 1999) y los libros de Vicente CÁRCEL
ORTÍ, La persecución religiosa en España durante la Segunda República
(1931-1939) (Madrid, Rialp, 1990), Mártires españoles del siglo XX (Madrid,
BAC, 1995), Buio sull´altare. La persecuzione religiosa spagnola, 1931-1939
(Roma, Città Nuova, 1999), La gran persecución. España 1931-1939 (Barcelona,
Planeta, 2000), Mártires del siglo XX. Cien preguntas y respuestas (Valencia,
Edicep, 2001) y Persecuciones religiosas y mártires del siglo XX (Madrid,
Palabra, 2001). Sobre los de Valencia cf. V. CÁRCEL ORTÍ y R. FITA REVERT,
Mártires valencianos del siglo XX (Valencia, Edicep, 1998).
